... negocio jurídico a que correspondan. De esta suerte, en las sociedades la administración corresponde, en principio, a todos los socios (art. 1676, Cód. Civil ... , en sus relaciones internas con éste “retoma su carácter de funcionario público nombrado por el juez de la causa y es en cumplimiento de este ...
... su voluntad frente a los administrados y sobre éstos, así como del servicio público que se desenvuelve dentro de la Administración.
Por su parte, Buompadre59, precisa con acierto que la Administración pública en sí misma, como entidad abstracta, no es el bien jurídico protegido, sino el buen ...
... Basta con que se dé la “integración” del sujeto en la estructura de la Administración para que exista un funcionario o empleado público. Y es este criterio orgánico el que encaja con una visión de los delitos de funcionarios públicos como delitos cuyo núcleo esencial es la infracción de un deber78. ...
Favorecimientos personal y real. Receptación. Aseguramiento del producto o provecho del delito previo. Omisión de denuncia. Aspectos procesales. Agravantes. Eximentes de responsabilidad penal.
... rotación del personal público, así como en el uso partidista de licencias, franquicias, recursos, contratos y servicios públicos en la etapa conocida como ‘sistema de botín’”30.
Este sistema es todavía común en la región latinoamericana y en nuestro país. Los cargos en la Administración pública ...
Ubicación de la política criminal en el marco de las políticas públicas: necesidad de una nueva disciplina. Historia y usos de la idea de "política criminal". Definición y alcances de la política criminal. Elementos de la política criminal como política pública.
... y auténtico derecho fundamental a una buena Administración pública, del que se derivan, como reconoce la presente Carta, una serie de derechos concretos, derechos componentes que definen el estatuto del ciudadano en su relación con las administraciones públicas y que están dirigidos a subrayar ...
Los principios morales de convivencia. Bien común. Honestidad. Libertad de expresión. Protección ambiental. Las empresas. Nuevas tecnologías. La universidad. Abogacía. Justicia. Sanciones
... activo de la figura debe ser un funcionario público.
No deben considerarse como funcionarios públicos a los particulares que la ley equipara por ... tratarse de un delito contra la libertad y no contra la Administración pública, “el que voluntariamente concurre a una oficina pública acompañando ...
Trata de personas. Reducción a servidumbre. Torturas. Privación ilegal por funcionarios públicos. Detenciones. Apremios. Vejaciones. Amenazas. Secuestro coactivo. Desaparición forzada. Vinculación con los delitos de lesa humanidad.
... Art. 261. - Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo.
Será reprimido con la misma pena ...
... o fiscales, sin importar su jerarquía, con tal de que forme parte de la Administración pública.
En la comisión de alguno de los delitos de esta ley, tanto puede participar un funcionario como un empleado público; carece realmente de sentido establecer una diferenciación entre ellos, ya que ...
... sujeto pasivo es el Estado mismo, o el bien jurídico tutelado es un bien fundamentalmente político, y
c) finalmente, en los delitos contra la Administración pública se ofende una determinada función concreta del poder público, pero sin que vayan dirigidos contra el Estado mismo, (v. Delitos contra ...
... Público debe actuar conforme a la legalidad, no se está diciendo nada distinto de lo que dicen las constituciones cuando disponen que la Administración ... trata, más bien, de una manera de decir que la Administración sirve a los intereses generales o públicos de modo tal que para ella la ley es medio, ...
La aplicación del derecho penal. Los llamados sistemas acusatorio e inquisitivo. La acomodación del proceso al derecho material aplicado. Las diferencias exteriores. Un inciso: El llamado principio de oportunidad. Los principios atinentes al titular de la jurisdicción. Los principios relativos a la acción. El objeto del proceso penal. Los principios de la actuación de las partes. Los principios sobre la prueba. El derecho al recurso.